Casos que salpican al régimen también se dilatan en la justicia

Rafael Correa junto con Ricardo Antón,
funcionario envuelto en actos de corrupción

El presidente Rafael Correa promovió en el referéndum una reforma del sistema judicial para “mejorar esas cortes con las que nadie puede estar satisfecho”. Su Gobierno ha enfrentado denuncias. Una mirada a doce casos.

Un sistema de justicia cuestionado y en el cual intervienen algunas de las instituciones que son parte de la Función de Transparencia y Control Social, como la Contraloría, Fiscalía y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), está en el ojo público ante la anunciada reestructuración de la justicia que planteó el Gobierno en el pasado referéndum y consulta popular.

En los más de cuatro años que lleva el régimen de Rafael Correa, hubo varias denuncias de supuesta corrupción que implicaron a funcionarios cercanos al poder, pero cuyos resultados en instancias legales o de control fueron cuestionados por acusadores e implicados o siguen pendientes de resolución.

Además de cambios en aspectos relacionados con la inseguridad (caducidad de la prisión preventiva y medidas cautelares alternativas en ciertos delitos), la sustitución de los miembros del Consejo de la Judicatura (CJ) por una comisión tripartita integrada por una mayoría oficial, que nombrará a jueces y a la nueva Corte Nacional de Justicia (CNJ), generan inquietudes en torno a la independencia con que se manejarán las causas.

Bajo el esquema actual, casos conocidos como el del supuesto sobreprecio en ambulancias adquiridas por el Ministerio de Salud Pública; el de narcotráfico “Huracán de la Frontera”; el de supuestas anomalías en contratos del Ministerio de Agricultura durante la emergencia agrícola; por citar algunos, generaron críticas mutuas entre la Fiscalía, jueces y la Contraloría por sus actuaciones, o dejaron en evidencia sus limitaciones.

Lo último ocurre con una resolución de la CNJ, publicada en el Registro Oficial el 19 de marzo del 2010, que establece que la Fiscalía puede pasar de indagación a instrucción en casos de peculado y enriquecimiento ilícito solo si cuenta con un informe de la Contraloría que establezca indicios de responsabilidad penal, pues es una de las trabas más recurrentes. En su informe de gestión 2007-2010, el fiscal general, Washington Pesántez, indicó que ha rechazado esa resolución “por inconsulta”, porque “obstruye la acción de la Fiscalía”, y que presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC), “para que se elimine” esta disposición y se reconozca el ejercicio de la Fiscalía sobre la titularidad de la acción penal.

En ese sentido, la Fiscalía justifica por qué no puede iniciar juicios penales contra el exministro de Agricultura, Walter Poveda, en 14 procesos en su contra, pese a un presunto perjuicio al Estado de $ 3,5 millones; también el no haber iniciado investigaciones en el caso de la adquisición de helicópteros Dhruv.

Información de la Contraloría, sin embargo, señala que hasta noviembre del 2010 se habían enviado 220 informes de auditoría para que la Fiscalía inicie procesos en diferentes casos.

La Secretaría Nacional de Transparencia y Control Social (SNTG), antes Secretaría Nacional Anticorrupción, es uno de los entes que ha impulsado denuncias, pero su titular, Edwin Jarrín, dice ver con frustración cómo los casos en el sistema de justicia se diluyen “a pesar de que monitoreamos, pero lastimosamente no somos parte procesal”. Por eso destaca que los informes que envían a la Fiscalía van con copia al Cpccs, porque a ese organismo, según la Constitución, sí le corresponde eso. Sin embargo, de este último ente, fuentes de la Fiscalía dicen no tener denuncias.

En lo que va del 2011, la SNTG ha recibido alrededor de 720 denuncias, de las cuales apenas 260 son de su competencia (tienen relación con la función Ejecutiva). Arrastra otras 1.000 del 2010 (corte al 28 de abril).


publicado en El Universo