Extranjería emitió al menos 51 visas de amparo fraudulentas

Eduardo Barrera, implicado en visas
de ampara fraudulentas

Juan Sebastián Roldán, secretario nacional de Transparencia de Gestión, reveló ayer que 200 expedientes incautados permitieron establecer que al menos 51 visas de amparo fueron concedidas ilegalmente desde la Dirección Nacional de Extranjería y que se habría cobrado a los extranjeros hasta $2 000 por cada una de ellas.

Explicó también cómo operaba presuntamente esa red de corrupción, en la que está supuestamente implicado el director nacional de Extranjería, Eduardo Barrera, así como a los abogados de esa dependencia Luis Almeida y Geoconda Obando, dos notarios, tres jueces y tres funcionarios del Registro Civil. Todos ellos fueron separados ya de sus cargos.

"No permitiremos atrocidades como estas por parte de funcionarios públicos", advirtió Roldán al tiempo de señalar que se beneficiaba con visas de amparo especialmente a cubanos, colombianos y nigerianos.

Según dijo, los delitos en los que incurrió esa red fueron usurpación de identidad y contra la administración pública, por lo que los implicados están siendo investigados, aunque algunos de ellos están en libertad, como es el caso de Barrera.

Se determinó que los "enganchadores" contactaban con abogados que servían como nexo entre los extranjeros, la Dirección de Extranjería, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores de Guayaquil y varias dependencias del Registro Civil a escala nacional.

Prueba de ello serían los documentos incautados, entre los que figuran certificados de matrimonio entre extranjeros y ecuatorianos realizados, por ejemplo, en Quinindé (Esmeraldas). Esto, sin tomar en cuenta una disposición que determina que, desde el 24 de diciembre de 2009, este trámite solo se podía efectuar en Quito o Guayaquil.

Dijo que este caso se descubrió por el trabajo conjunto entre la Unidad Anticorrupción de la Policía Nacional, la Fiscalía y la Secretaría de Transparencia, lo que permitió identificar que no solo se emitieron visas de amparo ilegales, sino también certificados de nacidos vivos falsos.

"Ahora, solo resta que fiscales y jueces hagan su trabajo para determinar responsabilidades", indicó Roldán.

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