La Fiscalía inició 16 procesos penales en contra del exministro de Agricultura Walter Poveda Ricaurte, por peculado. En 14 se estima un perjuicio al Estado por la adjudicación de contratos para 32 obras en Manabí, durante el decreto de emergencia firmado el 31 de enero del 2008.
La Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG) hizo la denuncia en septiembre del 2010. Señaló que no existían actas de entrega-recepción que respaldaran la conformidad de las obras. Once estaban inconclusas, pese a que terminaron sus plazos. Además, se presumía sobreprecio en la compra de materiales. Las 14 indagaciones se iniciaron entre el 2 y el 15 de septiembre del 2010 y, según la Fiscalía, se espera el informe de la Contraloría.
En abril del 2009, el parlamentario andino Fausto Lupera (SP) denunció un supuesto sobreprecio en la compra, sin concurso, de $ 4 millones en dosis de la vacuna antiaftosa a la empresa Quifatex a un valor de $ 1,5 millones. Según la denuncia, hubo otra oferta de Vecol, de Colombia, con mejores precios y características de la vacuna.
También cuestionó la firma de un acuerdo de emergencia para justificar la compra. En junio del 2009, la Fiscalía inició la indagación previa por peculado. Está por concluir el plazo de dos años que establece la ley para investigar este tipo de casos.
Otro caso de presunto peculado en contra de Poveda pasó a la 1ª Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por la compra de 39 mil toneladas métricas de harina a la empresa argentina Cargill S.A., en $ 528 cada una. El monto del contrato fue de $ 20,6 millones. Este es el único proceso que cuenta con informe de la Contraloría, que establece indicios de responsabilidad penal.
La principal irregularidad es que la harina ya había llegado al país y se firmó el contrato con fecha posterior a su ingreso. Además, no se adquirió a empresas nacionales, pese a que había proveedores con menor costo.
La Corte fijó la audiencia de formulación de cargos para el 20 de junio de este año, pero fue diferida. Adicionalmente, a principios de mes, el asambleísta Galo Lara (SP) denunció ante la Fiscalía una manipulación dolosa de los precios del maíz. Acusó al exministro de Agricultura (e) Miguel Carvajal de ser uno de los responsables de la importación de 266.202 toneladas de cereal a puertas de realizarse la cosecha nacional, lo que generó una reducción de los precios de comercialización del maíz que habría perjudicado a los productores en $ 30 millones.
El fiscal general del Estado, Washington Pesántez, inició la indagación previa el 17 de junio. Dispuso que el ministro de Agricultura, Stalin Vera, informe sobre el control y la regulación de precios que ha hecho esta cartera respecto del maíz producido en el Ecuador desde el 2009 hasta el 2011, así como las razones por las cuales se autorizó la importación del grano.
Noticia en El Universo
No hay comentarios:
Publicar un comentario