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| Galo Chiriboga, cuestionado fiscal general |
La primera se refiere a la existencia de un supuesto “fraude técnico” en la entrega del campo Palo Azul a la empresa brasileña Petrobras, por el cual hay en trámite un juicio por presunto peculado y perjuicio al Estado.
La segunda tiene relación con la vinculación del ahora embajador en España en la defensa de la empresa Seramín; esta le ganó un proceso judicial a Petroecuador por el cual le embargó sus cuentas.
La última da cuenta de su supuesta responsabilidad en la posible comisión de los delitos de genocidio y etnocidio al haber aprobado la explotación del campo petrolero Armadillo, pese a la existencia de informes del Ministerio de Ambiente que recomendaban no hacerlo.
También denunciaron supuestas incorrecciones en la renegociación de contratos petroleros; su participación como abogado de las empresas OCP; su parentesco con el presidente Rafael Correa, el presunto ocultamiento de su patrimonio y entrega de documentos falsos para obtener puntos en el concurso.
La CCS no dio paso a las objeciones planteadas por el abogado Ángel Orna, respaldado por el Movimiento Popular Democrático (MPD), quien presentó dos denuncias por “falta de probidad” contra Chiriboga: una por inducir al engaño a la Comisión al presentar documentos “forjados” y por sacar provecho a su cargo de embajador para acceder a información privilegiada.
Otras dos quejas expuestas por el exaspirante a fiscal, Wilfrido Padilla, fuero negadas; en ellas denunciaba su falta de experiencia judicial y un supuesto conflicto de intereses en el caso Palo Azul.
El pasado jueves, en un homenaje organizado por familiares y amigos, Chiriboga dijo que hay “un impugnador” (no precisó el nombre) que ha llenado su candidatura de “infundios”, pero que hará las aclaraciones respectivas pese a que cree que son sus detractores quienes deben demostrar que cometió esas supuestas incorrecciones.
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