viernes, 14 de octubre de 2011

¿Otro asesinato político? el caso de Carlos Navarrete

Carlos Navarrete, Uno de los primeros
opositores perseguidos por el gobierno de Correa
Prohibido olvidar: Asesinan a Carlos Navarrete, ex director de diario El Telégrafo de Guayaquil

Nuestro comentario: aunque los perpetradores del asesinato fueron encontrados y sentenciados, nunca hallaron al autor intelectual: Francisco Jurado Mosquera y un ex-policía: Francisco Ortiz Ormaza. El movil del asesinato fue el robo de una caja fuerte ¿Qué contenía la caja fuerte que se pretendió robar? recordemos que Carlos Navarrete demandó a la AGD por la confiscación del diario El Telégrafo en marzo del 2007, el cual había pasado a manos privadas tras aumentos de capital, que luego fueron anulados.
Carlos Navarrete, ex director del diario ecuatoriano 'El Telégrafo', el más antiguo del país, fue encontrado muerto en su domicilio, sin que hasta el momento se conozcan las causas o los autores del hecho, informó hoy la Policía.

El diario El Universo publica en su página web que Navarrete fue encontrado por su madre con nueve puñaladas: siete en el tórax y dos en el cuello.

Sin embargo, el rotativo El Comercio, señala en su portal que el 'cuerpo (de Navarrete) fue encontrado amarrado en el baño de su casa y se cree que fue asesinado entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo'.

El Comercio puntualiza que 'las causas del asesinato aún no se han aclarado. La Policía se encuentra investigando el caso, pero se presume que el robo habría sido el móvil del hecho'.

Ramiro Navarrete, hermano de la víctima, informó al rotativo El Universo de que ayer por la mañana fue la última vez que Navarrete se comunicó con su familia.

Carlos Navarrete, quien en 2007 perdió el control del diario más antiguo del país por una decisión de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), desempeñaba en la actualidad el cargo de director del diario La Calle, de circulación gratuita, en la ciudad costera de Guayaquil, en el suroeste del país.

El pasado 7 de junio, la AGD asumió, en nombre del Estado, el control total del diario 'El Telégrafo', el más antiguo del país, envuelto en una disputa legal entre accionistas privados y la administración pública.

La Superintendencia de Compañías certificó que la AGD es la accionista mayoritaria de 'El Telégrafo', en contra de lo defendido por el hasta entonces director, Carlos Navarrete, que consideraba que obtuvo el control del diario con una serie de ampliaciones de capital entre 2002 y 2007.

La AGD cesó entonces del cargo de director a Navarrete y designó en su lugar a Jaime Terán, que era subdirector del diario, y como gerente general a Roberto Santacruz.

Navarrete aseguró entonces que acudirá a los tribunales para reclamar la inversión que, aseguraba, había hecho en el diario.

La toma de control del diario por parte de la AGD se produjo después de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestase que vigilará el conflicto legal de 'El Telégrafo', a la espera de que se siga en un ambiente de transparencia y ajustado al debido proceso.

En junio de 2007, la SIP señaló que Navarrete, quien había asumido la dirección en 2002 y era descendiente de los fundadores de un diario con 123 años, denunció 'prácticas irregulares por parte del Estado ecuatoriano'.

Según Navarrete, el Estado había actuado con abuso de poder al querer despojar a los accionistas privados de la propiedad, anulando varios aumentos de capital realizados para salvar al periódico de la bancarrota en 2002, 2004 y 2007 que le habrían otorgado la mayoría de las acciones.

El ente oficial regulador, la Superintendencia de Compañías, resolvió dejar sin efecto esos aumentos de capital para devolver la mayoría de las acciones a la AGD.

El Estado ecuatoriano, a través de esta Agencia, se incautó del diario en la década pasada, al intervenir los bienes del banquero Fernando Aspiazu, el mayor accionista entonces y propietario del Banco del Progreso, desaparecido en la crisis bancaria abierta en Ecuador en 1998, la peor que ha sufrido el país.

La Superintendencia adujo la supuesta ilegalidad de los aumentos de capital, por un coste cercano a los 700.000 dólares, con los que se habría querido cambiar la estructura de la propiedad, permitiendo a los accionistas privados pasar de menos del 20 por ciento a más del 80 por ciento de las acciones.

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