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| Orlando Pérez, ex terrorista, hoy "periodista" |
Las supuestas irregularidades se relacionan con la contratación –en la Asamblea de Montecristi– de las compañías Crea Comunicaciones y Talento Digital, cuya representante era Navas, quien también fue contratada como coordinadora de Producción y Contenidos dentro de la Unidad de Comunicación de la Constituyente; además de la presunta mala administración de teléfonos celulares y tiques aéreos entregados como cortesía, sin presentar justificación alguna.
El proceso pasó a la Fiscalía de Pichincha, a fin de que se solicite audiencia de formulación de cargos.
La Fiscalía General inició el proceso de indagación previa por una denuncia presentada por el asambleísta Andrés Páez, de la Izquierda Democrática (ID). "Las irregularidades detectadas señalan desfalco o abuso doloso, que atenta contra bienes públicos y precisa varias transgresiones de carácter legal que conducen a la configuración del peculado, que es un delito imprescriptible", afirmó ayer Páez, quien dijo que este caso marca un precedente.
Antes de este dictamen fiscal se realizó una auditoría por parte de la Contraloría y solicitó la versión de Augusto Torres Bueno, ex director administrativo de la Constituyente y actual director administrativo de la Asamblea Nacional, donde señala que todas las adquisiciones efectuadas se hicieron sobre la base del Decreto Ejecutivo de Emergencia Nº 752.
Sin embargo, el auditor señala que la emergencia y la reglamentación no pueden pretender romper los lineamientos básicos.
El informe de la Contraloría determinó que se entregaron celulares al margen de la autorización que debía emitir la Comisión Directiva de la Asamblea Constituyente, por lo cual se pagaron $ 11.770,54.
Se entregaron pasajes aéreos (cortesía) sin que se evidencien documentadamente las razones de su entrega y autorización correspondiente.
La versión recogida por la Contraloría a Orlando Pérez señala que este funcionario no tuvo facultades para contratar, ya que esta responsabilidad estaba a cargo del administrador general.
En la versión emitida por Carolina Navas, esta reconoce haber suscrito dos contratos con la Constituyente el 4 de diciembre del 2007 y el 12 de febrero del 2008, por pedido de Orlando Pérez, para prestar sus servicios personales; y que la señalada entidad invitó directamente a Crea Comunicaciones para el monitoreo de medios.
La Contraloría señala como evidente la transgresión de la Dirección Administrativa Financiera al contratar las empresas representadas por quien fungía como servidora pública a la fecha de la suscripción del negocio jurídico.
Más datos: Informe
Auditoría
Según la Contraloría, hay una ingente cantidad de recursos en favor de destinatarios desconocidos, lo cual “constituye un desfalco o abuso doloso que atenta contra bienes públicos”. Además, demuestra que las autorizaciones de “Augusto Torres Bueno, exdirector administrativo, han propiciado que varias personas lucren o se beneficien de los recursos de la nación”.
La Fiscalía General inició el proceso de indagación previa por una denuncia presentada por el asambleísta Andrés Páez, de la Izquierda Democrática (ID). "Las irregularidades detectadas señalan desfalco o abuso doloso, que atenta contra bienes públicos y precisa varias transgresiones de carácter legal que conducen a la configuración del peculado, que es un delito imprescriptible", afirmó ayer Páez, quien dijo que este caso marca un precedente.
Antes de este dictamen fiscal se realizó una auditoría por parte de la Contraloría y solicitó la versión de Augusto Torres Bueno, ex director administrativo de la Constituyente y actual director administrativo de la Asamblea Nacional, donde señala que todas las adquisiciones efectuadas se hicieron sobre la base del Decreto Ejecutivo de Emergencia Nº 752.
Sin embargo, el auditor señala que la emergencia y la reglamentación no pueden pretender romper los lineamientos básicos.
El informe de la Contraloría determinó que se entregaron celulares al margen de la autorización que debía emitir la Comisión Directiva de la Asamblea Constituyente, por lo cual se pagaron $ 11.770,54.
Se entregaron pasajes aéreos (cortesía) sin que se evidencien documentadamente las razones de su entrega y autorización correspondiente.
La versión recogida por la Contraloría a Orlando Pérez señala que este funcionario no tuvo facultades para contratar, ya que esta responsabilidad estaba a cargo del administrador general.
En la versión emitida por Carolina Navas, esta reconoce haber suscrito dos contratos con la Constituyente el 4 de diciembre del 2007 y el 12 de febrero del 2008, por pedido de Orlando Pérez, para prestar sus servicios personales; y que la señalada entidad invitó directamente a Crea Comunicaciones para el monitoreo de medios.
La Contraloría señala como evidente la transgresión de la Dirección Administrativa Financiera al contratar las empresas representadas por quien fungía como servidora pública a la fecha de la suscripción del negocio jurídico.
Más datos: Informe
Auditoría
Según la Contraloría, hay una ingente cantidad de recursos en favor de destinatarios desconocidos, lo cual “constituye un desfalco o abuso doloso que atenta contra bienes públicos”. Además, demuestra que las autorizaciones de “Augusto Torres Bueno, exdirector administrativo, han propiciado que varias personas lucren o se beneficien de los recursos de la nación”.
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