Los hermanos Francisco y Juan Piñeiros, llamados a juicio por un
supuesto cohecho al negociar cargos en el sistema judicial, colaboraron
con el Ministerio de Justicia, según autoridades del Gobierno.
Pero en el memorando MJDHC-CGAF-RS-DTS-1204-11 del 19 de julio último, la entidad desconoce sus funciones. El comunicado lo firma el coronel Julio Añasco, director técnico de Seguridad del Ministerio.
En el documento describe que esa dependencia “no tenía ningún nexo” con los Piñeiros. Bajo esa premisa señala que “no posee informe alguno del procedimiento” que terminó con la detención de 10 supuestos interesados en comprar puestos en la Función Judicial el 12 de mayo pasado.
Además, Añasco sostiene que esa dependencia no tiene “ningún tipo de documento” generado por los hermanos. Tampoco conoce a sus jefes inmediatos, ni sus funciones en el Ministerio.
Revela también que “no puede certificar, sobre las personas que tuvieron conocimiento y autorizaron el proceder” de ambos ex servidores públicos en el operativo de detención de judiciales.
Sin embargo, este comunicado se contradice con la versión que rindió Francisco Piñeiros, el 22 de agosto pasado, como parte de la instrucción fiscal. En esa diligencia sostiene que su superior directo era precisamente el coronel Añasco. Señaló además que su superior directo desconocía los pormenores del operativo.
No obstante, agregó: “él (Añasco) tenía conocimiento que, por disposición del Ministro (José Serrano) nos hallábamos realizando actividades de inteligencia para el bien de la seguridad social”.
En esa misma versión, Francisco Piñeiros sostuvo que recibió disposiciones del actual Ministro del Interior, y que coordinó con Elsi Piedrahíta, subsecretaria del Litoral del Ministerio de Justicia.
En otro documento de esa Secretaría, esta vez firmado por Hernán Toro, director de Talento Humano, se certifica que Piñeiros era servidor de la dependencia que dirige el coronel Añasco.
No obstante, establece que en esa oficina “no consta en registros”, quien era su jefe inmediato, ni informes del cumplimiento de sus actividades. En cambio, en el contrato de servicios ocasionales que firmado el 17 de enero pasado con el Ministerio, sí constan sus funciones. Cuatro de los seis puntos que debía cumplir se relacionan con la administración de los centros de rehabilitación social. En los dos restantes, se compromete a “entregar informes periódicos” y “demás disposiciones de su jefe inmediato”.
En su versión, Piñeiros sostiene que realizó un informe verbal sobre este caso y que lo dio al ministro Serrano. Juan Piñeiros, hermano de Francisco, también declaró el 22 de agosto. En esa diligencia dijo que “Serrano autorizó se realice todo este operativo”.
El contrato de servicios ocasionales de este último rigió desde el 11 de abril pasado; en total fueron dos meses de funciones.
El día de la detención, según consta en el parte policial, Juan Piñeiros era el supuesto vendedor de cargos en la Función Judicial. En ese documento, firmado por el suboficial Édison Acosta, consta que él no fue detenido porque “por medio de esta persona se tuvo conocimiento de que se iba a perpetrar este ilícito y estaba ayudando a esclarecerlo”.
Sin embargo, en el dictamen acusatorio del fiscal general Galo Chiriboga, lo incluye entre los 10 presuntos autores de cohecho junto a su hermano Francisco. El sábado pasado, en su enlace el presidente Rafael Correa defendió a ambos ex funcionarios.
El Primer Mandatario criticó a los jueces que involucraron en este hecho a los ex colaboradores. “¡Qué absurdo! Los investigadores son involucrados en el delito y están con prisión preventiva. Eso es un error judicial garrafal”.
Según Correa, los hermanos Piñeiros contribuyeron a la lucha contra la corrupción durante su tiempo como funcionarios públicos. Las versiones sobre este caso han sido contradictorias. La semana pasada, Serrano dijo que solo uno de los hermanos era colaborador directo de Justicia, pero el Jefe de Estado se refirió a los Piñeiros y a Diego Vallejo (sobreseído por la Corte en el caso cohecho) como “asesores del Ministro de Justicia de ese entonces”.
Según el parte de detención, constan dos cheques que suman USD 18 500 y 1 500 en efectivo entre las evidencias. Como beneficiario de ambos cheques constaba Juan Carlos Piñeiros. La cuenta le pertenece a Javier C., uno de los supuestos compradores de puestos. Empero, el implicado sostiene que emitió los cheques por motivos de “honorarios profesionales”.
Javier C., quien también fue incluido en el dictamen acusatorio de Chiriboga, sostuvo que esa tarde Juan P. le habría ofrecido “compartir honorarios” en un juicio laboral. Además, manifestó que minutos antes de la detención, Juan P., que se habría hecho pasar por abogado, le habría solicitado que emitiera los cheques.
“Ellos montaron esta trama para tener supuestamente elementos para decir ‘aquí está la coima’, pero ¿cómo usted va a comprar algo ilícito dejando evidencia algo como sus cheques?”, alegó Javier C.
Según el abogado, aceptó emitir los documentos porque en su cuenta no poseía fondos suficientes, ya que desconfiaba de Juan Piñeiros. En los movimientos bancarios que mostró a este Diario, el día de la detención contaba con USD 1 625,55 depositados.
Fuente
Pero en el memorando MJDHC-CGAF-RS-DTS-1204-11 del 19 de julio último, la entidad desconoce sus funciones. El comunicado lo firma el coronel Julio Añasco, director técnico de Seguridad del Ministerio.
En el documento describe que esa dependencia “no tenía ningún nexo” con los Piñeiros. Bajo esa premisa señala que “no posee informe alguno del procedimiento” que terminó con la detención de 10 supuestos interesados en comprar puestos en la Función Judicial el 12 de mayo pasado.
Además, Añasco sostiene que esa dependencia no tiene “ningún tipo de documento” generado por los hermanos. Tampoco conoce a sus jefes inmediatos, ni sus funciones en el Ministerio.
Revela también que “no puede certificar, sobre las personas que tuvieron conocimiento y autorizaron el proceder” de ambos ex servidores públicos en el operativo de detención de judiciales.
Sin embargo, este comunicado se contradice con la versión que rindió Francisco Piñeiros, el 22 de agosto pasado, como parte de la instrucción fiscal. En esa diligencia sostiene que su superior directo era precisamente el coronel Añasco. Señaló además que su superior directo desconocía los pormenores del operativo.
No obstante, agregó: “él (Añasco) tenía conocimiento que, por disposición del Ministro (José Serrano) nos hallábamos realizando actividades de inteligencia para el bien de la seguridad social”.
En esa misma versión, Francisco Piñeiros sostuvo que recibió disposiciones del actual Ministro del Interior, y que coordinó con Elsi Piedrahíta, subsecretaria del Litoral del Ministerio de Justicia.
En otro documento de esa Secretaría, esta vez firmado por Hernán Toro, director de Talento Humano, se certifica que Piñeiros era servidor de la dependencia que dirige el coronel Añasco.
No obstante, establece que en esa oficina “no consta en registros”, quien era su jefe inmediato, ni informes del cumplimiento de sus actividades. En cambio, en el contrato de servicios ocasionales que firmado el 17 de enero pasado con el Ministerio, sí constan sus funciones. Cuatro de los seis puntos que debía cumplir se relacionan con la administración de los centros de rehabilitación social. En los dos restantes, se compromete a “entregar informes periódicos” y “demás disposiciones de su jefe inmediato”.
En su versión, Piñeiros sostiene que realizó un informe verbal sobre este caso y que lo dio al ministro Serrano. Juan Piñeiros, hermano de Francisco, también declaró el 22 de agosto. En esa diligencia dijo que “Serrano autorizó se realice todo este operativo”.
El contrato de servicios ocasionales de este último rigió desde el 11 de abril pasado; en total fueron dos meses de funciones.
El día de la detención, según consta en el parte policial, Juan Piñeiros era el supuesto vendedor de cargos en la Función Judicial. En ese documento, firmado por el suboficial Édison Acosta, consta que él no fue detenido porque “por medio de esta persona se tuvo conocimiento de que se iba a perpetrar este ilícito y estaba ayudando a esclarecerlo”.
Sin embargo, en el dictamen acusatorio del fiscal general Galo Chiriboga, lo incluye entre los 10 presuntos autores de cohecho junto a su hermano Francisco. El sábado pasado, en su enlace el presidente Rafael Correa defendió a ambos ex funcionarios.
El Primer Mandatario criticó a los jueces que involucraron en este hecho a los ex colaboradores. “¡Qué absurdo! Los investigadores son involucrados en el delito y están con prisión preventiva. Eso es un error judicial garrafal”.
Según Correa, los hermanos Piñeiros contribuyeron a la lucha contra la corrupción durante su tiempo como funcionarios públicos. Las versiones sobre este caso han sido contradictorias. La semana pasada, Serrano dijo que solo uno de los hermanos era colaborador directo de Justicia, pero el Jefe de Estado se refirió a los Piñeiros y a Diego Vallejo (sobreseído por la Corte en el caso cohecho) como “asesores del Ministro de Justicia de ese entonces”.
Según el parte de detención, constan dos cheques que suman USD 18 500 y 1 500 en efectivo entre las evidencias. Como beneficiario de ambos cheques constaba Juan Carlos Piñeiros. La cuenta le pertenece a Javier C., uno de los supuestos compradores de puestos. Empero, el implicado sostiene que emitió los cheques por motivos de “honorarios profesionales”.
Javier C., quien también fue incluido en el dictamen acusatorio de Chiriboga, sostuvo que esa tarde Juan P. le habría ofrecido “compartir honorarios” en un juicio laboral. Además, manifestó que minutos antes de la detención, Juan P., que se habría hecho pasar por abogado, le habría solicitado que emitiera los cheques.
“Ellos montaron esta trama para tener supuestamente elementos para decir ‘aquí está la coima’, pero ¿cómo usted va a comprar algo ilícito dejando evidencia algo como sus cheques?”, alegó Javier C.
Según el abogado, aceptó emitir los documentos porque en su cuenta no poseía fondos suficientes, ya que desconfiaba de Juan Piñeiros. En los movimientos bancarios que mostró a este Diario, el día de la detención contaba con USD 1 625,55 depositados.
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