En el proceso de compra, determinado por la Contraloría como irregular, se implicó con responsabilidad penal a 27 funcionarios del BNF, a quienes se los señala, entre varias anomalías, por no cumplir con la Ley de Contratación Pública.
Entre ellos Espinel, quien a través de resoluciones (febrero del 2010) aceptó terminar el primer contrato de importación con Carguill e indemnizó (abril del 2010) con más de $ 2,1 millones a esa empresa.
