Intentos de asesinato denunció la Universidad Católica

Una ‘fuerza represiva’, de civil y con manoplas, atacó a los estudiantes el 16 de agosto, día de la intervención radial del presidente Rafael Correa desde el auditorio del centro de estudios, aseguran sus autoridades.

Las autoridades de la Universidad Católica presentaron ayer en la Fiscalía del Guayas una denuncia por lesiones y tentativa de asesinato de las que “fueron víctimas” los estudiantes, el 16 de agosto, durante el enlace del presidente Rafael Correa.

El ministro fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, entregó el caso, sin sorteo, a Francisco Campodónico, quien ya lleva la investigación de los hechos.

El rector, Michel Doumet, quien comparece hoy a las 09:30 en la Fiscalía, presentó la demanda contra autores, cómplices y encubridores.

Detalles
‘fraude ideológico’

Roldós denuncia
La falsificación ideológica es el supuesto fraude que se habría cometido en la aprobación constitucional.

Ante Fiscal General
La acusación fue planteada ante el fiscal general, Washington Pesántez, para iniciar la indagación.

Michel Doumet rector de la Universidad Católica, comparece hoy, a las 09:30, en la Fiscalía.

Luego de diez días de los incidentes entre la fuerza pública y estudiantes de la Universidad Católica durante el enlace radial del presidente Rafael Correa; las autoridades de ese plantel decidieron defender a los estudiantes agredidos.

Pasadas las 10:00 de ayer, Michel Doumet, rector de la universidad; Mauro Toscanini, vicerrector; Juan Vizueta, abogado y Aquiles Rigaíl, asesor jurídico de la universidad, presentaron una denuncia por lesiones y tentativa de asesinato en la Fiscalía del Guayas.

El ministro fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, entregó el caso, sin sorteo, a Francisco Campodónico, quien ya lleva la investigación de los hechos ocurridos el 16 de agosto.

Según el escrito, que se entregó a la Fiscalía, las “víctimas de las agresiones” son Karol Solórzano, Carlos Febres-Cordero, Raúl Gómez-Lince, Francisco Icaza y Rodolfo Baquerizo.

Doumet dijo que presentó la demanda “acatando la resolución del Consejo Universitario (22 de agosto) contra autores, cómplices y encubridores”.

Rigaíl contó que “la agresión vino de elementos de la fuerza pública, no de todos porque hubo (policías), controlando a una fuerza represiva de civiles (que no eran estudiantes)”.

“Están identificadas (personas), incluso con manoplas agreden a un estudiante en la columna cervical (que no ha sido identificado) y a otro en el suelo”, dijo y agregó que “entre estudiantes de la universidad, que estaban por el Sí y por el No jamás existió agresión”.

Mientras que Juan Vizueta señaló que una “fuerza especial” ingresó a la institución violando la autonomía universitaria, que detalla el artículo 75 de la Constitución vigente. “Nos preocupa la presencia de fuerza pública, no solamente por parte de la Policía, sino de un ala especial de la Fuerza Aérea, el Ala 22”, afirmó, al mismo tiempo que pidió investigar quién dio la autorización de su ingreso.

Asimismo, Vizueta manifestó que a la denuncia se adjuntarían los videos no editados. Hasta la tarde de ayer, Gagliardo indicó que no le habían llegado esas pruebas. En ese material se observan las agresiones con golpes de puño, puntapiés y gas pimienta.

El asesor jurídico se refirió a la cadena del Gobierno del 20 de agosto, en la que se mostró a estudiantes haciendo gestos obscenos al Mandatario; y afirmó que eso sucedió cuando Correa abandonó la Universidad.

Sobre la presencia policial ese día, Édison Ramos, jefe del Comando Guayas, dijo que para el resguardo del Presidente estaban asignados 60 policías, no obstante, al iniciarse los desmanes, se requirió un refuerzo de 90 gendarmes, para el que no se pidió permiso “porque estamos dando seguridad a nuestro presidente”. Ramos sostuvo que la actuación policial se dio en base al uso progresivo de la fuerza, sin el uso de gas lacrimógeno.

Noticia en El Universo

Corte Suprema llama a juicio a Juan Falconí y Jorge Guzmán por complicidad en fusión La Previsora-Filanbanco

Carlos Bravo y Juan Falconí Puig

Los ex superintendentes de Bancos, Juan Falconí Puig y Jorge Guzmán Ortega, fueron nuevamente sindicados en el caso de peculado bancario que se sigue en la justicia de Ecuador, por la fusión entre los bancos La Previsora con Filanbanco, y su posterior quiebra. Según la Primera Sala de lo Penal, que analizó la apelación del Ministerio Público al sobreseimiento que se había otorgado en el caso a los dos ex funcionarios, se los acusa ahora de complicidad directa en el juicio. Según la providencia emitida por los jueces Fernando Casares Carrera, Pilar Sacoto, y Gerardo Morales Suárez, conjuez permanente, con fecha de hoy 22 de julio, se señala en su parte principal que:

" En mérito de las consideraciones que anteceden, se admite parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministro Fiscal General y hallándose cumplidos los requisitos del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, se confirma el auto de llamamiento a juicio dictado por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, en contra de Carlos Gonzalo Hidalgo Terán y Álvaro Guerrero Ferber, contra quienes existen presunciones graves y fundadas sobre su participación como autores en el delito de peculado tipificado en el artículo 257 del Código Penal, en las circunstancias contempladas en el inciso 3°, en concordancia con el artículo 42 ibídem.

Se reforma el auto recurrido en lo que respecta a Jorge Guzmán Ortega y Juan Eduardo Falconí Puig, por tanto, se los llama a juicio como cómplices del delito de peculado que se configura en el citado artículo 257 del Código Penal, inciso 3°, en relación con el artículo 43 ibídem. En estos términos quedan resueltos los recursos interpuestos. Ejecutoriado que sea este auto, devuélvase el proceso al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien dictará las medias cautelares reales y personales en contra de los imputados llamados a juicio, según dispone el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal".

Según la providencia, en la parte referente a la culpabilidad encontrada en los dos ex superintendentes de Bancos, señala puntualmente:

"El abogado Jorge Guzmán Ortega, superintendente de Bancos desde el 17 de junio de 1999 al 31 de enero del año 2000, aprobó la asociación de los bancos Filanbanco S.A. y La Previsora S.A., originando que Filanbanco S.A. pierda la estabilidad patrimonial, por lo que considera que cooperó indirecta y secundariamente a la ejecución del delito de peculado".

Sobre el doctor Juan Eduardo Falconí Puig, también superintendente de Bancos, en el período comprendido entre el 04 de abril al 09 de noviembre del 2000, aprobó la fusión entre Filanbanco S.A. y La Previsora S.A., el cinco de julio del 2000, pese a conocer que la fusión, deterioraba la situación financiera de Filanbanco S.A. Por otra parte, no cumplió las conclusiones del informe presentado el 5 de junio del 2000, por el señor Intendente Nacional de Supervisión de Entidades Financieras, razón por la cual la Sala es del criterio de que las presunciones graves y precisas, que obran en el proceso, conducen a que su participación sea de cómplice en el delito de peculado consignado en el artículo 257, inciso tercero del Código Penal".

Señala además la Sala que "conviene aclarar que la intervención del abogado Jorge Eduardo Guzmán Ortega y del doctor Juan Eduardo Falconí Puig, en el delito investigado, ha sido de una cooperación indirecta y secundaria, en las condiciones que prevé el artículo 43 del Código Penal, por consiguiente, no es procedente calificar su participación como de encubridores, como consta en el auto de origen. La esencia del encubrimiento es la actuación posterior al delito, o sea que para que existan encubridores debe haber la comisión de un delito previo, lo que no ocurre en las actuaciones de los ex superintendentes de Bancos, quienes tuvieron una participación en el hecho mismo, y no después".

Publicado en Ecuador Inmediato

‘Calle y Larrea tienen una relación con FARC por explicar’

María Augusta Calle

Entrevista: Mario Iguarán, Fiscal General de Colombia

¿Por qué la fiscalía de Colombia judicializa a ecuatorianos en sus investigaciones sobre las FARC?
En Colombia, como seguramente en muchos otros países del hemisferio, la regla general es que las autoridades judiciales deben investigar los delitos que ocurran en el territorio nacional y no los que sucedan por fuera. Pero ese principio de la territorialidad tiene unas excepciones, por Constitución y por ley, como entiendo sucede en la mayoría de los países, y es la extraterritorialidad.

Superintendente de Compañías renunció tras incidentes

Imágenes de la brutal represión contra funcionarios de la Superintendencia de Compañías que protestan contra las prácticas corruptas del superintendente de Compañías.

Renuncia Francisco Arellano Raffo a la Superintendencia de Compañías por serias y documentadas denuncias de corrupción, puntualmente: cobro ilegal de diezmos por ascensos y cargos a funcionarios de la Superintendencia. Arellano Raffo, quien fuera maestro de Rafael Correa, fue acusado por varias funcionarias del organismo de malos tratos, acusan al ex-superintendente de usar calificativos obscenos como "tetonas" o "culonas". El comportamiento de Arellano Raffo explicaría en parte el de su ex-alumno: Rafael Correa Delgado.

Ecuatorianos rechazan ser investigados en Colombia

La asambleísta oficialista María Augusta Calle admitió el viernes haber entrevistado y conocido a gente de las FARC, pero adujo que ello no es un delito, mientras que la Asamblea Constituyente consideró como una agresión al Ecuador el pedido de la fiscalía colombiana de iniciar una investigación a ecuatorianos por presuntos nexos con la guerrilla.

María Augusta Calle prestó cuenta a FARC, dice diario

María Augusta Calle

El diario estadounidense The Miami Herald publicó el sábado un informe basado en información supuestamente hallada en una de las computadoras del difunto líder de las FARC, Raúl Reyes, que menciona vínculos de la asambleísta María Augusta Calle (PAIS), con ese grupo.

Computador de ‘Reyes’ revela relación de política ecuatoriana con las Farc

Este domingo, el diario El Nuevo Herald revela que algunos documentos guardados en el computador de ‘Raúl Reyes' muestran que una destacada miembro de la asamblea constitucional del Ecuador, encargada de reconstruir el paisaje político de la nación, pudiera haber sido una vieja partidaria de los guerrilleros.

Maria Augusta Calle con Lidia Devia, hija de Luis Ernesto Devia, alias “Raúl Reyes”.

Denuncia de corrupción en Super de Compañías involucra a Vinicio Alvarado

Las denuncias sobre supuestas irregularidades administrativas por parte del superintendente de Compañías, Francisco Arellano, se extienden ahora a la empresa Percrea Cía. Ltda., cuyo accionista es el secretario de la Administración Pública y de Comunicación, Vinicio Alvarado Espinel.

La denuncia por incumplimiento de contrato la presentó el procurador síndico de la Asociación de Empleados de la Superintendencia, Xavier Chiriboga, ante la mesa 10 de Fiscalización de la Asamblea.

En la documentación se señala que Arellano suscribió un contrato de comunicación e imagen corporativa por 30 mil dólares con el presidente de Percrea, Carlos Alvarado, hermano de Vinicio Alvarado, en noviembre del 2007.

Pero, según el denunciante, “la adjudicación del contrato de prestación de servicios fue a dedo, sin el correspondiente concurso, además de haberse cancelado el precio pactado en su totalidad a la compañía contratada, la que ha incumplido la ejecución del contrato”.

Chiriboga dijo que la denuncia presentada el 9 de abril pasado en Montecristi fue agregada a las demás acusaciones que existen en contra de Arellano, como el cobro ilegal de “diezmos” a funcionarios de la institución a favor de PAIS.

Chiriboga aseguró que el contrato nunca terminó de ejecutarse. Como prueba están los comprobantes de egresos de la Superintendencia que dan cuenta de que el 9 de noviembre pasado se pagó $ 12.000 y el 28 de noviembre, dos desembolsos de $ 15 mil y de $ 3.480, que suman $ 30.480.

Los otros accionistas de Percrea son Carlos Alvarado y Jaime Berrocal Barría, según información de la Superintendencia con corte a enero.

Chiriboga junto con la vicepresidenta de la Asociación, Anabel Vinueza, presidieron una delegación de funcionarios que ayer fue a Montecristi, para insistir en la destitución de Arellano. Este Diario intentó comunicarse con Vinicio Alvarado para consultarle sobre esta denuncia, pero no respondió su celular. Además, cuando habló ayer en Carondelet, sobre el tema de Colombia, no aceptó preguntas de los periodistas.


Diario El Universo

Empleados exigen destitución de Arellano (Superintendente de Compañías)

Los problemas persisten en la Superintendencia de Compañías, pues los trabajadores de esa institución, por medio de la Asociación de Empleados, exigen ahora la inmediata destitución de Francisco Arellano Raffo, principal funcionario de esa dependencia.

Santiago Bravo, presidente de la Asociación de Empleados de esa dependencia, dijo a HOY que la protesta de la mayoría de trabajadores de la institución “se debe a los innumerables abusos que ha cometido Arellano desde que la Asamblea Constituyente le encargó el puesto”. Además, recalcó nuevamente las denuncias de los 20 casos de corrupción en los que habría incurrido Arellano.

De ellas se destacan los supuestos cobros de diezmos a los funcionarios de la Superintendencia de Compañías, que habrían ingresado a laborar cuando Arellano Raffo se posesionó como titular de la institución y, además, el descuento de rubros del sueldo (diezmo) de funcionarios por ascensos que se habrían ejecutado en el mismo lapso.

Según Bravo, quien denunció que en el transcurso de las últimas horas se le ha amenazado de muerte en dos ocasiones, por lo cual responsabilizó públicamente a Francisco Arellano por su vida, manifestó que los fondos recaudados a través del cobro de los diezmos fueron transferidos a la cuenta 12017069421 de Produbanco, perteneciente a Elizabeth Verdezoto, quien figura en un documento entregado por la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Compañías como coordinadora de logística del Movimiento Alianza PAIS.

Si embargo, Paulo Sánchez, administrador nacional del Movimiento PAIS, aseguró no conocer a Verdezoto y manifestó que ese nombre no consta en las listas de afiliados ni trabajadores del movimiento. Sánchez dijo que este escándalo es parte de otra campaña “sucia” para desprestigiar a PAIS y al Gobierno. 

Empero, Xavier Chiriboga, síndico de esa Asociación de Empleados de la Superintendencia de Compañías, manifestó que las irregularidades fueron denunciadas a la Asamblea Constituyente y a la Fiscalía para que inicien las investigaciones.

Chiriboga minimizó las acusaciones de Francisco Arellano, realizadas la mañana de ayer en la emisora Radio Quito, sobre supuestos casos de corrupción por parte de funcionarios de la entidad y recalcó: “El corrupto es Arellano, y lo demostraremos con documentos”. 

Alrededor de 100 empleados de la entidad protestaron ayer para exigir a los mecanismos de control tomar cartas en el asunto y devolverle al organismo la normalidad para trabajar.

Bravo, como vocero de los empleados, informó a la opinión pública que se restablecerán las actividades laborales, siempre y cuando Francisco Arellano Raffo sea destituido del cargo.

Por su parte, el superintendente de Compañías guarda completo silencio sobre el tema. La mañana de ayer ingresó a su despacho con un fuerte resguardo policial y sin pronunciar una sola palabra a la prensa.

Funcionarios de la Superintendencia, a los cuales se les habría descontado de su sueldo un porcentaje (diezmo) como apoyo al Movimiento Alianza PAIS y que constan en una lista de contribuyentes, no quisieron tampoco dar declaraciones al respecto. (CAT)

Funcionario, con sueldo más alto que Correa

Trabajadores de ‘Súper’ denuncian más irregularidades

Pese a que HOY intentó varias ocasiones dialogar con el superintendente Francisco Arellano para obtener su versión de los hechos que se le acusa, no quiso pronunciarse. Tampoco permitió que sin su autorización algún funcionario de Alianza PAIS dé declaraciones.

Sin embargo, trabajadores que no son del partido de Gobierno denunciaron más abusos de Arellano.
Un chofer que trabaja 10 años en la entidad y que prefirió mantener en reserva su nombre dijo que hace un año, 10 vehículos para uso oficial de los funcionarios están abandonados en los estacionamientos del edificio por disposición de Arellano.


Publicado en Diario Hoy

Publican nuevos correos sobre FARC y campaña ecuatoriana

El terrorista Raúl Reyes

El número dos de la guerrilla de las FARC, Raúl Reyes, mantuvo contacto con presuntos miembros del gobierno de Rafael Correa, hasta días antes de su muerte por el Ejército colombiano en su campamento en Ecuador, según correos divulgados ayer miércoles por la radio RCN de Bogotá.