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| Juan Carlos Cassinelli, señalado en el caso de comisiones de Invermun |
Entre ellos están los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, secretarios de la Administración y de Comunicación de la Presidencia, en su orden; el actual asambleísta Juan Carlos Casinelli y el jefe político de Guayaquil, Luis Monge.
La denuncia fue realizada por un ex empleado de esa compañía, Jaime Solórzano; y fue impulsada por el hermano mayor del Primer Mandatario, Fabricio Correa.
“Les estoy pidiendo una declaración actualizada para cotejarla con la que presentaron e investigar si han incrementado sus bienes, como lo hicimos con varios casos de magistrados... Nosotros actuaremos con mano firme”, aseguró.
En un seminario de capacitación para periodistas realizado ayer en Guayaquil, Pólit señaló que en el 2009 la entidad ha revelado más de 600 informes de auditoría con indicios de responsabilidad penal contra funcionarios públicos.
“Estamos inmersos en la corrupción más profunda que ustedes se puedan imaginar”, aseguró Pólit.
Al presentar ejemplos de los casos de corrupción, el Contralor se mostró molesto por el laudo arbitral de la Cámara de la Construcción de Quito (Cemanaco), que ordenó a Telecsa pagar $ 5,9 millones a Vía Advisors Ecuador por la terminación de su contrato.
Hace dos años, la Contraloría, la Fiscalía y la Superintendencia de Compañías determinaron irregularidades en la gestión de esa empresa; entre ellas, presunciones de peculado y mal manejo financiero.
“Amigo, Fiscal General, Washington Pesántez, un hombre pulcro... Averigüe si en el informe de Telecsa, Alegro y Vía Advisor se están señalando culpables. No podemos aceptar que los ecuatorianos nos paguen los sueldos de esta institución para revelar las irregularidades y que todo quede en el olvido. Por favor, hay que combatir la corrupción con hechos y no con palabras... Si se sigue así, en las próximas horas presentaré mi renuncia, porque solo no voy a poder combatir la corrupción”, expresó exaltado.
“Washington, creo en ti. Por Dios, haz algo, tienes que meter presa a la gente que se está robando la plata de los ecuatorianos. Mételos presos, porque no podemos más. Sino yo, estoy de más”, agregó Pólit.
El funcionario lamentó que el Código Penal vigente prohíba hacer públicos los nombres de las personas involucradas en casos de corrupción mientras la Fiscalía General efectúa la indagación previa.
Aunque expresó que implementará una política de comunicación interna en la Contraloría para difundir por los medios de comunicación todos los informes que esta efectúe.
Lamentó que esa dependencia no tenga la facultad legal de “meter presos a todos los que deberían estarlo”.
El Fiscal, en cambio, sí puede hacerlo, agregó. Y él conoce los nombres y apellidos de todos los implicados en los casos examinados por la Contraloría.
“Estamos inmersos en la corrupción más profunda que ustedes se puedan imaginar”, aseguró Pólit.
Al presentar ejemplos de los casos de corrupción, el Contralor se mostró molesto por el laudo arbitral de la Cámara de la Construcción de Quito (Cemanaco), que ordenó a Telecsa pagar $ 5,9 millones a Vía Advisors Ecuador por la terminación de su contrato.
Hace dos años, la Contraloría, la Fiscalía y la Superintendencia de Compañías determinaron irregularidades en la gestión de esa empresa; entre ellas, presunciones de peculado y mal manejo financiero.
“Amigo, Fiscal General, Washington Pesántez, un hombre pulcro... Averigüe si en el informe de Telecsa, Alegro y Vía Advisor se están señalando culpables. No podemos aceptar que los ecuatorianos nos paguen los sueldos de esta institución para revelar las irregularidades y que todo quede en el olvido. Por favor, hay que combatir la corrupción con hechos y no con palabras... Si se sigue así, en las próximas horas presentaré mi renuncia, porque solo no voy a poder combatir la corrupción”, expresó exaltado.
“Washington, creo en ti. Por Dios, haz algo, tienes que meter presa a la gente que se está robando la plata de los ecuatorianos. Mételos presos, porque no podemos más. Sino yo, estoy de más”, agregó Pólit.
El funcionario lamentó que el Código Penal vigente prohíba hacer públicos los nombres de las personas involucradas en casos de corrupción mientras la Fiscalía General efectúa la indagación previa.
Aunque expresó que implementará una política de comunicación interna en la Contraloría para difundir por los medios de comunicación todos los informes que esta efectúe.
Lamentó que esa dependencia no tenga la facultad legal de “meter presos a todos los que deberían estarlo”.
El Fiscal, en cambio, sí puede hacerlo, agregó. Y él conoce los nombres y apellidos de todos los implicados en los casos examinados por la Contraloría.
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