Contralor alista informes sobre contratos con EICA

Empresa EICA, ilegalmente confiscada

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contrató con EICA maquinaria por $ 33 millones. La Agencia Nacional de Tránsito también compró chalecos y placas a través de la incautada. Dos de las tres auditorías que realizó la Contraloría General del Estado a las compras que hizo el Gobierno a través de la empresa incautada EICA determinan indicios de responsabilidad penal, dijo ayer el contralor Ricardo Pólit Faggioni.
A pedido de la Fiscalía, la Contraloría inició en febrero pasado una auditoría a la contratación que hizo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) con EICA por un monto de $ 33 millones para la adquisición de maquinarias y equipo caminero. EICA, a su vez, subcontrató los equipos con tres empresas: Case Corporation, Z Group y Galauto.

Con Z Group, EICA contrató máquinas por $ 477 mil. Esta negociación derivó en una indagación fiscal que determinó responsabilidades contra uno de los propietarios de Z Group, Santiago Zambrano Mantilla.

EICA fue incautada en agosto del 2008 y desde entonces ha tenido al menos seis gerentes.

En mayo, Pólit dispuso otros dos exámenes especiales: a la administración del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad (desde el 19 de marzo del 2009 hasta el 30 de abril de este año), y a las entidades públicas o a ministerios que han entregado recursos a la empresa Intercontinental de Materiales IMC, filial de EICA.

A través de IMC, el director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Ricardo Antón, contrató 600 mil chalecos y 600 mil placas por un monto de $ 7 millones. El contrato lo firmó con Yamil Chedraui Adum, exfuncionario de la ANT. Por esta negociación, la Fiscalía del Guayas lo investiga por el delito de peculado.

Ambas indagaciones, la del contrato con el MTOP y la de los chalecos estaban a la espera de los resultados de las auditorías de la Contraloría.

Según Pólit, se elaboraron tres informes sobre estas adquisiciones, dos con indicios de responsabilidad penal. Dichos informes, tras su aprobación, serán remitidos a la Fiscalía en esta misma semana.

Por tratarse de auditorías que determinan responsabilidades penales –dijo Pólit– sus resultados se mantendrán en reserva por mandato legal, hasta que la Fiscalía lo determine y los jueces autoricen el inicio de una instrucción fiscal (etapa investigativa) de 90 días, en cuya fase los resultados del informe pueden ser revelados.

De acuerdo con la Ley de la Contraloría General, los informes que determinan indicios de responsabilidad penal pasarán a la Fiscalía para el inicio de un proceso penal.

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