miércoles, 12 de octubre de 2011

El Ministerio de la Política tiene siete ‘agentes’ en la Asamblea

A la derecha atrás, espías del gobierno
en la Asamblea
Nuestro comentario: El Ecuador navega por las aguas que nos llevan a un Estado policial, de espías, delaciones, cacería de brujas, vigilancia permanente, un Estado de temor y no uno de Derecho. El asambleísta Galo Lara por Sociedad Patriótica, uno de los partidos que más fiscalización realiza a este gobierno, ya fue objeto de espionaje y persecución por parte de Fernando Alvarado, hoy la prensa da a conocer el esquema de espionaje del gobierno sobre los asamblesístas opositores y sobre los propios.
Se identifica como parte del Ministerio de Coordinación Política y de ese modo se abre paso ante la Escolta Legislativa. No es asambleísta. Pero camina por los pasillos que rodean al Pleno, lugar en donde se debaten los proyectos de ley. Y así se confunde con los periodistas cuando un personaje de la oposición es entrevistado...

Es Christian Cerón, un joven bajito, de lentes, que siempre viste terno y corbata. Ayer escuchaba atento, sin tomar apuntes, a Vicente Taiano, jefe del Prian, mientras hablaba con los medios de comunicación sobre las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Luego se dirigió a la zona asignada a la prensa, desde donde se ve a los asambleístas en sus curules, sin acercarse a ellos, pues hay un vidrio de por medio.

Desde hace un mes Cerón, Rocío Córdova, Patricia Cervantes, Fernando Paz y Pedro Zalamea observan las sesiones, oyen los comentarios de la prensa y escriben en sus portátiles.

Muchos creen que trabajan en los medios públicos, miran todo y evitan el diálogo. Ni los asambleístas de la bancada de Alianza País los identifican. Una de sus aliadas, la socialista Silvia Salgado, se refiere a ellos como “los señores que suelen venir acá...”. No los reconoce como interlocutores pues “sabe quiénes toman decisiones”.

Algunos oficialistas, que piden no ser mencionados para evitar sanciones, bromean llamando a los operadores políticos los “soplones, sapos, espías”. Taiano los ve como parte de un sistema de espionaje. No cree que debieran cobrar un sueldo del Estado porque sirven al oficialismo. El independiente Enrique Herrería dice que con la información que manejan someten al “escarnio” a los más deliberantes de A. País.

Estos operadores políticos trabajan al mando de Soledad Buendía. Es la directora de Diálogo Político con la Función Legislativa.

También es la esposa de Edwin Jarrín, secretario de Transparencia. Llegó al Ministerio de la Política por ser suplente de César Rodríguez, separado de Alianza País. Ella es como un fantasma en la Asamblea. Si desea ingresa al salón Plenario, aunque el titular de su curul esté presente; se mueve por los pasillos, entra y sale de las reuniones de comisión, más que nada de Fiscalización, y casi siempre está chateando en su BlackBerry o haciendo llamadas.

Hace dos semanas, en las jornadas en las que el oficialismo trató de aprobar una resolución sobre el 30-S, Buendía se frotaba las manos mientras caminaba por el corredor que conduce a las curules de la oposición, saludaba con beso y abrazo a Dalo Bucaram (PRE) y conversaba con él...

En agosto, también estuvo en la mesa de Salud, confirmando que sus legisladores voten a favor de la vicepresidencia de Bucaram. Según la página web de la Cartera de la Política, gana USD 2 415 al mes. Sobre ella está Santiago Andrade, coordinador interinstitucional, que recibeUSD 3 960. Los otros operadores ganan de USD 935 a 1 590.

“¿Te vas? ¿No te vayas?”. Eso le dijo Buendía a Scheznarda Fernández cuando abandonó el Pleno, en el primer intento de aprobar el proyecto de Ley Antimonopolio y el tema del 30-S. La aliada del bloque gobiernista no ha sido citada por ella ni por nadie de esa Cartera para fundamentar y razonar la conveniencia de su voto.

Varios cuestionamientos sobre la labor de estos funcionarios recibió la ministra de la Política, Doris Soliz, la semana pasada, cuando se eligió a los seis coordinadores de A. País. Sus asambleístas le dijeron que ellos, en especial Buendía, han instaurado como mecanismo de interrelación entre Ejecutivo y Asamblea, el chisme, la intriga y el favor fácil.

Según legisladores que pidieron no ser nombrados, Carlos Velasco habría preguntado cuál es su rol y su aporte real. Virgilio Hernández les habría solicitado que analicen con los aliados y con la bancada si un proyecto de ley va en sintonía con el proyecto político o no y que hagan que la relación con ministros sea horizontal.

Velasco y Hernández no negaron ni admitieron el tema. Al igual que Rolando Panchana dijeron que los trapos sucios se lavan en casa. Juan C. Cassinelli pidió no llamarlos operadores políticos, pues son interlocutores del Ejecutivo. Minutos antes saludó con un apretón de manos a Cerón.

Así camina el cambio a Ley Legislativa

La oposición contaría con 67 de 124 votos para aprobar el informe para segundo debate de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La continuación de esta sesión se desarrollaría el martes próximo.

Así lo afirmó Vicente Taiano, el jefe del Prian y ponente del proyecto de cambios a esta norma, que los bloques no afines al oficialismo consideran esencial para que la Asamblea Nacional recupere su rol fiscalizador.

Tras la reunión con los delegados de las fuerzas políticas del Legislativo, realizada el lunes, Taiano se mostró optimista de lograr que los cambios se concreten. Mención con la que el presidente Fernando Cordero dijo estar de acuerdo. Él cree que se debe a que el oficialismo no tiene los votos para negar los cambios propuestos.

Entre las reformas acordadas está que el Pleno decidiría si hay o no méritos para que se desarrolle un juicio político. La Comisión de Fiscalización solo sustanciará los pedidos y designará ponentes para informes de mayoría o minoría o de ambos, inclusive.

Los alcaldes y prefectos, por la independencia de los gobiernos autónomos descentralizados, no podrían ser llamados al Pleno. Los asambleístas podrían requerir información sobre los contratos que ellos realicen y si creyeren que han cometido delitos, pueden enviar los documentos a la Fiscalía, Contraloría, etc.

Además, el legislador podrá proponer textos alternativos a determinados artículos del gran informe de segundo debate. Y se someterían a votación los cambios propuestos y el texto original.

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