Pedro Delgado |
Varios legisladores han tramitado pedidos de información al presidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Camilo Samán. De las primeras indagaciones se disparó una alarma: “No existe el expediente crediticio de la operación”.
La asambleísta Magaly Orellana, de Pachakutik, pidió a Samán, el 19 de septiembre, el expediente y además que explique el fundamento legal por el cual se financió el 90% del monto y los detalles de las líneas de crédito de la CFN para empresas extranjeras interesadas en bienes incautados.
Sin embargo, Samán respondió a Orellana, el 3 de octubre, que el Directorio de la CFN no ha expedido una línea de crédito en este caso y que por tanto no hay expediente crediticio; “consecuentemente, me veo en la imposibilidad física de remitirle lo que no existe”.
Sin embargo, estas declaraciones se contradicen con lo que tanto Pedro Delgado, presidente del Fideicomiso CFN AGD No más Impunidad, como el mismo Samán aseguraron de manera pública a la prensa el 15 de septiembre pasado, cuando se concretó la venta.
Delgado dijo en esa ocasión que el pago “es de contado, hay una línea de crédito que la CFN ha otorgado”. Minutos más tarde, en esa misma rueda de prensa Samán dijo que “la línea de crédito que se otorgó por parte de la CFN es la misma que se está otorgando para todas las ventas de las empresas incautadas con 5% de interés anual”.
Sobre el tema, el experto financiero Marcos López explicó que si bien no ha habido un desembolso en efectivo de la CFN, se trata de una venta a crédito de un bien del Estado en el cual la CFN ha entregado un activo, es decir, los CPG.
En este sentido, argumentó que debe existir un reporte del análisis de la capacidad de pago del comprador. En este, que sería el equivalente al reporte crediticio, debe haber información básica del cliente como sus estados financieros, proyecciones de la compañía que muestren la capacidad de pago; el contrato de venta a crédito y los colaterales de seguridad que se toma a efectos de cubrirse por los riesgos a asumir.
Adicionalmente, López precisó que la CFN debió cumplir con los estándares de “conozca a su cliente”, por el tema del combate al lavado de activos.
Mientras, la asambleísta Magaly Orellana criticó a Samán que ante el requerimiento de información de otros asambleístas como Luis Morales (Prian) y Enrique Herrería (Independiente) se ha limitado a decir que la información ya está entregada a Orellana y que la documentación reposa en la Secretaría de la Asamblea.
Orellana no descartó un juicio político a los responsables de la venta de Ecudos.
Mientras, del total de $ 291 millones de CPG que fueron inscritos en mayo pasado por la CFN para negociarlos, $ 120 millones recibió el Grupo Gloria para la compra de Ecudos.
Estos papeles, que han servido para el financiamiento de la compra de las empresas incautadas, al retornar como pago al fideicomiso se extinguen.
Así, el Gobierno busca terminar las deudas generadas en el salvataje bancario y el empapelamiento de la CFN.
Sin embargo, queda un eslabón suelto. ¿Cómo se cobrará a los dueños de la banca cerrada que no han respondido sobre los depósitos de sus clientes?
Según Xavier Castro, abogado de los Isaías, la medida tomada por Delgado beneficia a ciertos banqueros que ya no tendrán que responder por deudas, entre ellos a los dueños de Progreso, Bancomex, Banunión, La Previsora, Internacional, Solbanco y Valorfinsa.
Lo cierto es que los CPG fueron pagados por el Estado, especialmente por la Corporación Financiera Nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario