domingo, 26 de junio de 2011

Exministro Poveda enfrenta 16 procesos

La Fiscalía inició 16 procesos penales en contra del exministro de Agricultura Walter Poveda Ricaurte, por peculado. En 14 se estima un perjuicio al Estado por la adjudicación de contratos para 32 obras en Manabí, durante el decreto de emergencia firmado el 31 de enero del 2008.

La Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG) hizo la denuncia en septiembre del 2010. Señaló que no existían actas de entrega-recepción que respaldaran la conformidad de las obras. Once estaban inconclusas, pese a que terminaron sus plazos. Además, se presumía sobreprecio en la compra de materiales. Las 14 indagaciones se iniciaron entre el 2 y el 15 de septiembre del 2010 y, según la Fiscalía, se espera el informe de la Contraloría.

En abril del 2009, el parlamentario andino Fausto Lupera (SP) denunció un supuesto sobreprecio en la compra, sin concurso, de $ 4 millones en dosis de la vacuna antiaftosa a la empresa Quifatex a un valor de $ 1,5 millones. Según la denuncia, hubo otra oferta de Vecol, de Colombia, con mejores precios y características de la vacuna.

También cuestionó la firma de un acuerdo de emergencia para justificar la compra. En junio del 2009, la Fiscalía inició la indagación previa por peculado. Está por concluir el plazo de dos años que establece la ley para investigar este tipo de casos.

Otro caso de presunto peculado en contra de Poveda pasó a la 1ª Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por la compra de 39 mil toneladas métricas de harina a la empresa argentina Cargill S.A., en $ 528 cada una. El monto del contrato fue de $ 20,6 millones. Este es el único proceso que cuenta con informe de la Contraloría, que establece indicios de responsabilidad penal.

La principal irregularidad es que la harina ya había llegado al país y se firmó el contrato con fecha posterior a su ingreso. Además, no se adquirió a empresas nacionales, pese a que había proveedores con menor costo.

La Corte fijó la audiencia de formulación de cargos para el 20 de junio de este año, pero fue diferida. Adicionalmente, a principios de mes, el asambleísta Galo Lara (SP) denunció ante la Fiscalía una manipulación dolosa de los precios del maíz. Acusó al exministro de Agricultura (e) Miguel Carvajal de ser uno de los responsables de la importación de 266.202 toneladas de cereal a puertas de realizarse la cosecha nacional, lo que generó una reducción de los precios de comercialización del maíz que habría perjudicado a los productores en $ 30 millones.

El fiscal general del Estado, Washington Pesántez, inició la indagación previa el 17 de junio. Dispuso que el ministro de Agricultura, Stalin Vera, informe sobre el control y la regulación de precios que ha hecho esta cartera respecto del maíz producido en el Ecuador desde el 2009 hasta el 2011, así como las razones por las cuales se autorizó la importación del grano.



Noticia en El Universo

domingo, 19 de junio de 2011

Denuncias petroleras contra Chiriboga

Galo Chiriboga, cuestionado fiscal general
De la impugnación presentada por el asambleísta Cléver Jiménez (Pachakutik) y su asesor y exsindicalista Fernando Villavicencio, en contra del mejor puntuado del concurso de fiscal general, Galo Chiriboga, la Comisión Ciudadana de Selección (CCS) solo se aceptó una parte. Ellos plantearon ocho denuncias y se dieron paso a tres.

La primera se refiere a la existencia de un supuesto “fraude técnico” en la entrega del campo Palo Azul a la empresa brasileña Petrobras, por el cual hay en trámite un juicio por presunto peculado y perjuicio al Estado.

La segunda tiene relación con la vinculación del ahora embajador en España en la defensa de la empresa Seramín; esta le ganó un proceso judicial a Petroecuador por el cual le embargó sus cuentas.

La última da cuenta de su supuesta responsabilidad en la posible comisión de los delitos de genocidio y etnocidio al haber aprobado la explotación del campo petrolero Armadillo, pese a la existencia de informes del Ministerio de Ambiente que recomendaban no hacerlo.

También denunciaron supuestas incorrecciones en la renegociación de contratos petroleros; su participación como abogado de las empresas OCP; su parentesco con el presidente Rafael Correa, el presunto ocultamiento de su patrimonio y entrega de documentos falsos para obtener puntos en el concurso.

La CCS no dio paso a las objeciones planteadas por el abogado Ángel Orna, respaldado por el Movimiento Popular Democrático (MPD), quien presentó dos denuncias por “falta de probidad” contra Chiriboga: una por inducir al engaño a la Comisión al presentar documentos “forjados” y por sacar provecho a su cargo de embajador para acceder a información privilegiada.

Otras dos quejas expuestas por el exaspirante a fiscal, Wilfrido Padilla, fuero negadas; en ellas denunciaba su falta de experiencia judicial y un supuesto conflicto de intereses en el caso Palo Azul.

El pasado jueves, en un homenaje organizado por familiares y amigos, Chiriboga dijo que hay “un impugnador” (no precisó el nombre) que ha llenado su candidatura de “infundios”, pero que hará las aclaraciones respectivas pese a que cree que son sus detractores quienes deben demostrar que cometió esas supuestas incorrecciones.

jueves, 16 de junio de 2011

La indagación por posible peculado en Constituyente avanza en Fiscalía

Orlando Pérez
El fiscal general, Washington Pesántez, dispuso que la investigación por el presunto delito de peculado en la Constituyente de Montecristi continúe en manos de la Fiscalía de Pichincha.

La decisión la tomó tras analizar reportes de la Contraloría y otros informes, en los que se mencionan posibles omisiones en la contratación de la empresa que realizaba monitoreo de medios para el Departamento de Comunicación de la Asamblea. Además, esa documentación señala un aparente mal uso de pasajes de avión de cortesía y de celulares. Con esos elementos, en su primera conclusión, el fiscal Pesántez habla de un presunto peculado. Por eso, dispuso que se indague a Francisco Torres, director administrativo de la Asamblea.


Presunción de peculado para Orlando Pérez

Orlando Pérez, ex terrorista, hoy "periodista"
La Fiscalía General del Estado determinó presunciones del delito de peculado en contra de Orlando Pérez, actual subdirector de El Telégrafo; Francisco Torres Bueno, actual director administrativo de la Asamblea; y Carolina Navas Cobo, exfuncionaria de la Asamblea Constituyente.

Las supuestas irregularidades se relacionan con la contratación –en la Asamblea de Montecristi– de las compañías Crea Comunicaciones y Talento Digital, cuya representante era Navas, quien también fue contratada como coordinadora de Producción y Contenidos dentro de la Unidad de Comunicación de la Constituyente; además de la presunta mala administración de teléfonos celulares y tiques aéreos entregados como cortesía, sin presentar justificación alguna.

martes, 14 de junio de 2011

Lara pide juicio político contra ministra de Inclusión

Ximena Ponce, Ministra de Inclusión
Económica y Social
El asambleísta Galo Lara, miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político, presentó ante el Consejo de Administración Legislativa la solicitud de Enjuiciamiento Político en contra de la Ministra de Inclusión Económica y Social, Ximena Ponce, a la que acusa de haber incumplido con sus funciones al no haber efectuado los controles necesarios para evitar un fraude en el sistema de aseguramiento de cobertura de protección familiar.